Reclaman a Cuba por detención prolongada de un disidente – pero ¿es José Daniel Ferrer un prisionero político?

Estados Unidos y Cuba están involucrados en una disputa internacional por la detención prolongada de un disidente.

José Daniel Ferrer, líder de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, permanece prisionero desde el 1 de octubre de 2019 en la ciudad de Santiago de Cuba. Ferrer fue uno de los 75 disidentes arrestados en 2003 durante una ofensiva conocida como Primavera Negra. Fundó la Unión Patriótica después de su liberación en 2011.

El Departamento de Estado de EEUU ha denunciado su encarcelamiento y en noviembre de 2019 el Parlamento Europeo aprobó una resolución que solicita su liberación inmediata. Numerosos grupos de derechos humanos se han referido a arbitrariedades en el proceso judicial, tales como la incomunicación forzosa con su familia por más de 72 horas y la falta de un debido proceso.


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El gobierno cubano ha respondido acusando a Ferrer de ser “agente asalariado al servicio de los Estados Unidos.” La fiscalía pide nueve años en prisión para el acusado.

Hasta aquí, el asunto pareciera uno más en la larga historia de desencuentros entre los dos gobiernos.

Pero el caso Ferrer es diferente, pues según el periódico oficial Granma y declaraciones de sus propios compañeros de la Unión Patriótica, las causas del arresto son secuestro y comportamiento violento.

Obama, Trump y Cuba

Desde el triunfo de la Revolución cubana en 1959, EEUU asegura que en Cuba no se garantizan la libertad de expresión, el derecho de asamblea, ni la presunción de inocencia. Para Cuba, son los EEUU quienes violan derechos al buscar desestabilizar el proceso político en la isla comunista a través de agresiones frontales, operaciones encubiertas, un bloqueo económico total, y el financiamiento de la disidencia.

Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos mejoraron sustancialmente bajo el mandato del Presidente Barack Obama, cuyo gobierno en 2014 restableció relaciones diplomáticas, eliminó restricciones de viajes e implementó numerosos acuerdos de cooperación bilateral.

El presidente Trump ha dado un giro en reverso a casi todas estas políticas, implementando una política anti-Cuba que busca activar la base cubano-americana conservadora de la Florida, de cara a las elecciones de 2020.

Donald Trump después de la restauración de las sanciones económicas contra Cuba, en Miami, June 16, 2017. AP Photo/Lynne Sladky

Mientras tanto, Cuba sigue cambiando. La comunidad LGBTQ, satanizada en los primeros años revolucionarias, goza hoy de nuevas garantías. El acceso a internet, una rareza hace una década, es accesible hoy incluso vía tecnología 3G en los teléfonos celulares, si bien los costos son altos.

El país también tiene un nuevo presidente sin parentesco con Fidel Castro y con límites de mandato; tiene una nueva generación de emprededores que ha sabido sacar ventaja del proceso de liberación económica impulsada en 2008 con la entrada Raúl Castro al poder; y tiene, desde fines de 2019, una nueva Constitución que garantiza derechos como el de propiedad privada y a la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, entre otros.

Muchos de estos cambios resultan del activismo interno y de la propia evolución del proceso político cubano. Como demuestro en el documental “Rethinking Cuban Civil Society” (2019), la sociedad civil cubana es mucho más que la oposición política, puesto que incluye individualidades e institucionalidades que, con grados varios de autonomía y pujanza, buscan y aveces logran provocar cambios sustanciales.

Retos para Cuba

Sin embargo, en el área de los derechos políticos, Cuba se queda por debajo de los estándares internacionales. De acuerdo con Human Rights Watch, se producen todavía muchas detenciones arbitrarias.

Hay presiones cotidianas a periodistas independientes, aún cuando éstos se declaran contrarios a las estrategias de Washington. La revista digital Cuba Posible, fundada en el 2014 por intelectuales que diferían del punto de vista oficial, “no desde la perspectiva de la confrontación, sino de la conciliación”, cerró en 2019 como resultado de la persecución, presión y crítica estatal.

En 2017, el profesor René Fidel González García fue expulsado de la Universidad de Oriente García por publicar en sitios de izquierda “no oficiales.” Hechos como estos recuerdan el “quinquenio gris” de los 60s-70s, cuando intelectuales incluso comprometidos con el proceso fueran penalizados por su supuesta falta de lealtad a la Revolución.

Informan, en la actualidad, la percepción internacional de que el activista José Daniel Ferrer es víctima de un estado represor.

La Union Patriótica versus Ferrer

Recientes revalaciones, sin embargo, apuntan a que la situación es un poco más compleja.

El periódico oficial cubano Granma ha declarado que Ferrer fue arrestado porque un colega de la Unión Patriótica lo acusó de secuestro y asalto.

El 27 de noviembre, el Noticiero Estelar de la Televisión Cubana proyectó un material filmado ocultamente, que muestra a Ferrer en una oficina de la prisión golpeándose violentamente la cabeza contra una mesa. Segundos después, al entrar otra persona al recinto, Ferrer dice que lo ha golpeado uno de los oficiales.

Otro video publicado recientemente por Meleidys Gómez, ex-miembro de la Unión Patriótica también, acusa a José Daniel Ferrer y a su hermano de malversar los fondos que la organización recibe de los EEUU.

El activista José Daniel Ferrer, izquierda, en una reunión con el Presidente Barack Obama en la Embajada de Estados Unidos en Havana, Cuba, 22 de marzo, 2016. AP Photo/Pablo Martinez Monsivais, File

En 2016 el grupo recibió $99,431 del Departamento de Estado para “el avance de la democracia y los derechos humanos.”

La Unión Patriótica es uno de los muchos grupos disidentes cubanos que reciben una sustancial subvención desde EEUU. El arresto de Ferrer ha reactivado el debate sobre el continuo financiamiento a programas de cambio de régimen, calculado en más de $20 millones anuales, los cuales provienen del presupuesto público. Hasta la fecha, se han gastado más de $200 millones en estos programas dirigidos por el Congreso, sin éxito.

Viejas asumsiones, nuevas realidades

A esta alturas no se ha podido confirmar la veracidad de las alegaciones contra Ferrer. Como sugiere el periódico digital cubano El Estornudo, tanto la falta de una prensa libre como la espuria credibilidad de Ferrer hacen que sea difícil llegar al fondo de este confuso caso.

Es indiscutible que tanto la falta de un debido proceso en el juicio, así como el posible carácter improcedente de filmar a un reo y de hacer pública la filmación, comprometen la validez del proceso judicial.

Pero desde que salieron a la luz las acusaciones contra Ferrer, otros miembros de la Unión Patriótica han declarado en las redes sociales que son testigos tanto de la personalidad violenta de Ferrer como de su malversación de los fondos provenientes de los EEUU. Ferrer mismo reconoció haber golpeado a otro ex-colega de la Unión Patriótica en 2017, tal como se muestra en un video publicado el pasado mes de diciembre por otro miembro de la organización.

Todos estos detalles sugieren que los llamamientos internacionales a la liberación “inmediata e incondicional” de este “preso político cubano” son, además de prematuros, indicadores de una reacción basada más en el reflejo histórico que en hechos probados.

En Cuba, no todo prisionero con una agenda política es un prisionero político.